El síndico municipal de Tecámac, Agustín Delgado, debería ser el primero en defender el patrimonio público. Hoy, por el contrario, enfrenta un conflicto de interés que lo descalifica política y moralmente para seguir en ese cargo. Su hija, Bárbara Delgado Martínez, aparece como apoderada legal de 15 empresas contratadas por el ayuntamiento desde 2019.

Fuentes internas aseguran que esas compañías ya recibieron más de 762 millones de pesos y ahora exigen otros 80 millones de pesos. La administración de la alcaldesa Rosi Wong se ha negado a pagar porque, afirma, no existe documentación suficiente que compruebe la prestación de los servicios. Si no pueden demostrar el trabajo realizado, pretender cobrar recursos públicos resulta, cuando menos, inadmisible.

El problema del síndico Agustín Delgado no solo es de dinero, tiene otros intereses

Aquí el problema ya no es solo el dinero. El funcionario encargado de cuidar el erario municipal tiene a su hija encabezando jurídicamente a las empresas que reclaman 80 millones de pesos adicionales. Ese conflicto de interés es inocultable. Más aún cuando, según distintas versiones, detrás de las presiones y movilizaciones de proveedores aparece la operación política del propio Agustín Delgado, respaldado por la senadora Mariela Gutiérrez Escalante.

No hace falta esperar una sentencia para entender la gravedad del caso. La ética pública exige evitar cualquier interés familiar que comprometa el ejercicio del cargo. Agustín Delgado debió separarse del asunto desde el primer momento o explicar con absoluta transparencia su actuación. No lo hizo.

Si las autoridades estatales optan por guardar silencio, dejarán de ser simples observadoras para convertirse en cómplices de un mensaje devastador: que en el servicio público se puede ser, al mismo tiempo, vigilante del dinero de los ciudadanos y tener a la familia del otro lado de la ventanilla reclamándolo.